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El imperio de Trump amenaza la neutralidad en la red

Donald J. Trump 2017

 

No hay nada sorprendente en el impulso que Donald Trump ha dado en las últimas semanas para eliminar la regulación sobre la denominada “neutralidad en internet” en los Estados Unidos. La decisión, tomada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) —el órgano independiente que regula las telecomunicaciones en el país más poderoso del mundo—, ha generado protestas en Washington y ha revivido una ya histórica lucha política por el control económico de las autopistas de la información entre quienes defienden el libre mercado en internet (la desregulación) y quienes piensan que se debe regular la distribución de contenidos justamente para promover la igualdad de los mismos.

Trump es el presidente, pero continúa siendo un empresario. Piensa como tal. Detesta las regulaciones que impiden que las empresas puedan maximizar sus beneficios. Para él, como para cualquier otro hombre atado al liberalismo económico —y, por supuesto, al neoliberalismo— debe ser el mercado el que fije sus propias reglas de funcionamiento. De acuerdo con el Competitive Entreprise Institute, durante el casi primer año de su mandato Trump ha emitido menos de la mitad de las leyes o decretos que la administración Obama creó en el mismo periodo de tiempo y ha reducido a un tercio el Registro Federal, el manual que contiene todas las normativas que el gobierno debe cumplir.

No es para nada casual, tampoco, que Trump, el empresario/presidente, quiera ahora desregular el mercado de contenidos y su tráfico en internet. La economía de la información, propia del siglo XXI, y que sucede a la economía de los bienes, propia de los siglos XIX y XX, es sin duda el negocio más rentable de la actualidad y lo será durante las próximas décadas. El cambio en los listados de las empresas más poderosas del mundo, ahora dominados por compañías tecnológicas (como Apple o Microsoft) y de contenidos en internet (como Alphabet, Amazon o Facebook), señala la importancia del sector. Cualquier movimiento a favor o en contra de la regulación del flujo de la información en internet implicará movimientos de miles de millones de dólares y, por supuesto, la pugna de intereses de empresas muy poderosas.

 

¿Qué es lo que has hecho, Donald?

En 2015, la administración de Barack Obama dio el primer golpe contundente en la mesa a una discusión iniciada después de la crisis económica del punto.com a finales del siglo XX. La especulación económica condujo a una burbuja financiera que redujo la expectativa del mercado tecnológico de internet, pero, al mismo tiempo, reestructuró la arquitectura del negocio de las autopistas de la información. El paso, casi al mismo tiempo, de la web unidireccional (1.0) a la web colaborativa (2.0) catapultó a las compañías de concentración de contenidos generados por millones de usuarios. Myspace, Facebook, YouTube, Amazon, aparecieron en el mercado para devolver el músculo financiero a la red de redes.

Las nuevas empresas tecnológicas, creadas por jóvenes universitarios, se hicieron gigantes y sus beneficios pasaron por delante de los que, al principio, fueron los más beneficiados con la construcción de las autopistas de la información: las compañías de provisión de servicios de internet. No es que les quitaran el negocio, pero sí se beneficiaban de su infraestructura (la autopista) para movilizar sus contenidos por todo el ciberespacio. Las grandes compañías de telecomunicaciones, como AT&T, Verizon, Comcast, Cisco o Motorola, propusieron desde entonces diferenciar accesos —oro, plata y bronce— para los clientes en función de las necesidades de cada usuario. El problema es que un usuario bronce no podría, por ejemplo, acceder a Netflix o comunicarse por Skype con sus familiares y amigos. Del mismo modo, si ese usuario bronce decidiera crear una página web de su empresa o fundar un negocio digital, no tendría las mismas posibilidades de que su información llegara con todas las prestaciones (vídeo, por ejemplo) y a una buena velocidad a todos los usuarios de la red. El fin de la neutralidad. A menos que pagara por ello (lo que a Trump y sus amigos haría muy feliz).

Cuando Cisco y Motorola hablaron en 2006 de proponer tarifas diferenciadas para la distribución de contenidos por las autopistas de la información lo que hacían era en realidad poner el debate en la agenda pública. La FCC tuvo que trabajar en varios casos en los que se detectó que servicios de proveedores de internet, como Comcast, bloqueaban aplicaciones de internet basadas en el sistema P2P o incluso servicios de telecomunicaciones como Skype. La FCC mantuvo en estos casos la intención de proteger la neutralidad y el asunto estuvo presente en la campaña de Obama en 2007. Según recogió Tim Wu —profesor de la Universidad de Columbia y creador del término “neutralidad de la red”— el candidato se comprometió a proteger legislativamente la igualdad de acceso y distribución en la red. En 2010, la FCC llegó incluso a advertir, bajo la Open Internet Order, que ningún operador de cable tanto de telefonía como de televisión podría bloquear el acceso a páginas que significaran una competencia para las mismas empresas operadoras de internet, como Netflix.

Sin embargo, Obama tardó varios años en concretar su compromiso. De hecho, como señala Wu, en 2014 hasta se llegó a sospechar que la FCC, controlada entonces por el gobierno demócrata, preparaba una normativa que permitía a los proveedores de internet actuar como gatekeepers y así cargar a los sitios web con un pago específico para llegar a su audiencia a través de autopistas más rápidas. La Comisión votó en mayo de 2014 aprobar las propuestas, pero abrió un periodo de discusión pública en el que participaron más de 3,7 millones de personas, incluido el presidente. El proceso de consulta abierta determinó, en febrero de 2015, que la FCC se inclinara de forma definitiva hacia el reconocimiento del acceso a la red como un “bien público”. La entidad defendía así la neutralidad en la red: la idea de que los proveedores de servicios de internet deben tratar a todo el tráfico de sus redes de forma igualitaria. Gail Sullivan, periodista de The Washington Post, ejemplificaba la neutralidad: “Las grandes compañías de contenidos en internet como Netflix o Google no reciben ningún trato especial. Con la neutralidad de la red, Google, por ejemplo, está atrapado en el mismo tráfico y en las mismas autopistas que el blog de mi abuela”.

Desde la llegada de Ajit Pai como presidente de la FCC en enero de 2017, bajo el mandato del empresario Trump, su misión principal ha sido la derogación de las regulaciones sobre la neutralidad de internet. Desde abril, Pai anunció el plan para la derogación de las normas que fue votado en mayo. A pesar de que diferentes organizaciones y compañías de internet organizaron en junio una movilización que se concentró en el “Day of Action to Save Net Neutrality”, celebrado el 12 de julio, el proceso de derogación siguió en marcha. El 14 de diciembre de 2017, la FCC votó la derogación de la normativa de la administración Obama, con un resultado de 3 votos a favor y 2 en contra, a pesar de que un 70% de la opinión pública se oponía a la medida.

¿Neutralidad o desregulación?

La necesidad de regular sobre la neutralidad en la red fue reconocida por la administración Obama y por eso se declaró el acceso a internet como bien público. El hecho de poder conectarse a internet se consideró tan importante, por ejemplo, como el alumbrado eléctrico de las calles. Según esta visión, internet debe ser accesible a todos por igual y así asegurar la neutralidad de la red. Sin embargo, la neutralidad no se puede mantener por ella misma como bien público, necesita de regulaciones que la protejan, igual que los Estados protegen otros bienes públicos y se aseguran de que todos los podamos disfrutar de forma igualitaria. Lo contrario a esta visión es la desregulación y, por eso, la administración Trump persigue anular las regulaciones que aseguran la misma neutralidad en la red.

La desregulación es, además, una tendencia que se da en muchos gobiernos orientados por una ideología neoliberal, al considerar que el mercado es capaz de autorregularse y asegurar su óptimo funcionamiento. En este caso, sin embargo, la desregulación del acceso a internet como bien público —dejar de considerar internet como algo a lo que todos tenemos derecho por igual— impediría la neutralidad porque la mercantilización del bien público haría que quién pudiera pagar más accediera a un mejor servicio. El acceso dejaría de ser igual para todos.

Si imaginamos un mundo en que la desregulación se hubiera culminado, existirían distintas categorías de consumidores y la clasificación de los mismos la harían las grandes empresas en función de la capacidad de pago de cada uno de ellos. Así, a las desigualdades en el acceso a la red por distintos motivos, definida como brecha digital, se añadiría una más.

Los intereses de grandes compañías de telecomunicaciones —dueñas de las autopistas— que hoy presionan a la administración Trump, no garantizan la neutralidad, sino todo lo contrario. Otras grandes compañías, las de contenido, a quienes no interesa pagar por el uso de las autopistas, también presionan, pero en sentido contrario, para que se mantenga la neutralidad, pues así se aseguran su posición dominante. Y, en medio, están los consumidores, que necesitan internet para trabajar, para entretenerse, para formarse e, incluso, para ligar.

¿Quién gana y quién pierde con la desregulación?

Siempre será igual. Los únicos que pueden llegar a perder son los usuarios de a pie. Los consumidores finales. Hasta el momento la FCC en los Estados Unidos ha regulado y se ha pronunciado en favor de la neutralidad de internet incluso antes de la normativa aprobada por la administración Obama. Pero, hasta entonces, incluso en 2005 siendo republicana, no estaba en el ojo de mira del presidente-empresario. Algunos analistas como Borja Adsuara, experto en derecho y estrategia digital, señalan que ningún movimiento que vulnere las normas de la libre competencia podrá hacerse. Es decir, que las empresas que son dueñas de las autopistas por las que circula internet (las operadoras de servicios) no podrán “discriminar, perjudicar, ralentizar o bloquear el acceso a internet a cualquier empresa que quiera ofrecer sus servicios y contenidos por la red, o, incluso, a los usuarios”, señalaba Adsuara.

Pero entonces, ¿para qué la protección previa de Obama? ¿Por qué los usuarios y las grandes empresas de contenidos se han movilizado en contra de la decisión de la FCC? Resulta paradójico que empresas como AT&T, Verizon o Comcast inviertan importantes cantidades de dinero en lobbies políticos para la modificación de la reglamentación si no van a sacar algún beneficio de ello. Al igual que Trump, son empresarios. Pero es que también lo han intentado en el pasado.

Lo que pretenden las empresas es cobrar por usar la autopista —en principio— a los grandes portales de contenidos al tiempo que privilegiar sus propios servicios de contenido. Por eso Google, Facebook, Netflix o Amazon se oponen a la desregulación. El argumento de los proveedores de internet es que ponen a su disposición las autopistas sin que la mercancía que circula por ellas, la información, pague por usar sus redes de distribución. Además, señalan, hay mercancías informativas que pesan más, como los vídeos o los servicios de telefonía IP, y que, por tanto, utilizan más ancho de banda que un simple intercambio de texto o imágenes entre dos puntos del país. Parecería lógico que pagaran más si se compara, por ejemplo, con el transporte de mercancías físicas. Un camión de carga paga un peaje más alto por usar las autopistas, desde luego. Pero esa es la lógica del siglo XX y de una mercancía que, efectivamente, pesa físicamente más que otra.

El cambio de perspectiva del uso de la infraestructura marca una clara diferencia. Mientras una carretera se desgasta por el uso de camiones más que por el uso de un turismo, la banda ancha no sufre si por ella viaja un email o la saga entera de Star Wars. Además, el usuario final ya paga por el uso de la red y por el mantenimiento de la misma a las grandes corporaciones que ganan muchísimo dinero por un servicio cuyo mantenimiento es muy barato. Tim Wu lo explicaba así en 2014: “Es simple. Los operadores de banda ancha quieren ganar más dinero por hacer lo que ya hacen. No importa que los operadores estadounidenses ya cobren algunos de los precios más altos del mundo —alrededor de sesenta dólares o más por mes para la banda ancha, un servicio que cuesta menos de cinco dólares—. Para decirlo suavemente, las compañías de cable y telefonía no necesitan más dinero”.

El uso de la autopista de alta velocidad puede tener, por tanto, un coste, un peaje. Pero no se puede olvidar que las grandes empresas de contenidos son también eso, empresas. Normalmente, los costos de operación de las empresas los asumen los consumidores porque, como empresas, lo racional es que ganen dinero, no que pierdan beneficios. Así, las empresas que son dueñas de las autopistas y que ya cobran a los usuarios por usar las redes pueden cobrar a ciertas páginas para que el contenido circule por la vía rápida. Cobrarían, por tanto, dos veces por el servicio. Algunas empresas se verán obligadas a pagar el peaje y tendrán dos opciones. Convertirse en las primeras corporaciones que asumen costos para que el usuario no se vea perjudicado o aumentar el costo de servicio para los suscriptores que, como en Netflix, desean mantener sus privilegios de visionado rápido de las series que consumen a la velocidad contratada en sus casas o teléfonos.

Pero hay un asunto que va más allá de la lógica económica y de consumo. Hay quienes no podremos pagar los altos peajes de las autopistas. Tendremos que ir por la carretera comarcal y nuestras ideas o pequeños negocios llegarán a menos usuarios, de forma más lenta y con una calidad menor. Desde luego que el acceso a internet ya es inequitativo, pero la medida pone en verdadero peligro la circulación libre y equitativa de ideas, de proyectos y de la expresión ciudadana.

La desigualdad en el disfrute o uso de la red afectaría directamente al derecho a la información, que se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática por las Naciones Unidas, y a la libertad de expresión, un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las constituciones de los países democráticos. La desregulación de la neutralidad en la red podría colisionar con la protección de estos derechos, ya que las personas solo podrían hacer uso de sus derechos en función de su renta, lo que constituiría una discriminación económica.

No nos dé miedo llamarlo censura del mercado.

Adsuara dice que Europa, a partir de la Reglamentación aprobada por el Parlamento Europeo en 2015 sobre el uso del roaming y sobre la Neutralidad de la Red, no tendría interés en abrir el debate. Sin embargo, al igual que en Estados Unidos, las grandes empresas de telecomunicaciones, como Telefónica, argumentan que este tipo de regulaciones retrasan la implementación de nuevas tecnologías, como el 5G. Es un asunto de cuidado si se atiende a que las nuevas derivas políticas en el continente apuntan hacia partidos ligados a modelos liberalizadores en materia económica. Los defensores de la neutralidad deberían también pensar mejor a quién votan.

 

Regula, pero no me regules (y déjame regular en mi web)

Resulta sin duda curioso que sean justamente empresas como Facebook o Google —compañías que regulan el contenido y la opción de libertad de los usuarios— las que piden que internet sea neutral. Desde luego no están dispuestas a pagar por el uso de la red.

Uno de los principales lobbies políticos en el Congreso de los Estados Unidos es el tecnológico. Empresas como Facebook, Alphabet o Twitter intentan evitar, a toda costa, que se regule el uso que realizan de datos personales, de los que generan una facturación multimillonaria por ingresos de publicidad individualizada. Al mismo tiempo, son empresas que evitan la diversidad y han llegado incluso a vetar contenidos de información. Así fue denunciado por Stevan Dojcinovic, periodista serbio, en el New York Times. En un artículo titulado “Oye, Mark Zuckerberg, mi democracia no es tu laboratorio”, Dojcinovic denunció que Serbia se había convertido en un laboratorio de pruebas de Facebook y que las historias realizadas por su agencia de periodismo de investigación habían desaparecido de la red social. Facebook simplemente tomó la decisión de privilegiar las publicaciones informativas de pago frente a las historias de medios pequeños y así segregó a diferentes medios de países “sin importancia mediática” como Serbia, Guatemala, Eslovaquia, Bolivia y Camboya. Un acceso de dos velocidades en función de un peaje previo.

La batalla por la neutralidad en la red no es más que la escenificación de un conflicto de intereses entre empresas multimillonarias que pretenden ser el doble de multimillonarias. Mientras las dueñas de los contenidos regulan y juegan a la doble velocidad (autopistas de pago y carreteras nacionales) que privilegian a ciertos usuarios con capacidades económicas, las corporaciones de telecomunicaciones intentan también subirse al negocio y cobrar un peaje por ese dinero que los otros ganan por la distribución de contenidos —que, además, es en gran parte producido por los usuarios, que no cobran nada, por supuesto—.

En el juego tecnológico nadie quiere perder su posición dominante. Será una constante a medida que nuevos desafíos y consumos aparezcan en las próximas décadas. Ya se habla de que las mismas empresas de contenidos o de telecomunicaciones serán los bancos del futuro. Ellos se preparan para quedarse con todo. La concentración tendrá una magnitud como nunca antes la hemos visto y, curiosamente, ningún liberalismo económico será capaz de frenar lo que tanto temió desde sus postulados iniciales: las posiciones dominantes y los monopolios. Y el monopolio, tecnológico, no puede tener ninguna otra representación —literaria, afortunadamente— que la figura dominante y esclavista del gran hermano.

caricatura de Mark Zuckerberg creador de FACEBOOK/ ANNIKA LASS