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Guerra del Yemen: el dilema de cambiar armas por trabajo

El Gobierno vende 400 bombas a Arabia Saudí para asegurar la construcción de barcos en los astilleros españoles. La guerra que este país mantiene en Yemen ha causado miles de muertos

Demasiado a menudo, los políticos se encuentran en la situación de justificar lo injustificable y acaban haciéndolo muy mal. Es lo que ocurrió con el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cuando dijo que las 400 bombas que España va a exportar a Arabia Saudí son bombas inteligentes, guiadas por láser, y que por lo tanto no causan “daños colaterales”. Dicho de otra manera, muy simple: son tan precisas que sólo matan a los malos y no a los pobres civiles que están al lado.

En otra ocasión el ministro no tendría que haber dado explicaciones porque nadie o casi nadie se habría enterado, pero acababa de confirmarse la muerte de más de 40 niños en un ataque aéreo en Yemen, que alcanzó un autobús mientras atravesaba un mercado. A ningún gobierno le gusta reconocer que puede ser cómplice de actos tan terribles como este, pero la explicación del ministro fue de esas que nadie se cree. En realidad, estaba justificando otra cosa, y veremos por qué.

No se suele hablar de la industria de armamentos, y eso que se trata de un sector que no va nada mal. Cuantas más guerras haya, o cuanto más largas sean, más negocio. Así ha sido en los últimos años. El año 2017 fue muy bueno para la industria bélica española, según los datos del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. España exportó armas, y sobre todo municiones (un término que abarca desde balas hasta bombas) por valor de 4.347 millones de euros, y obtuvo un 280% más de autorizaciones para la exportación respecto al 2016. Estas autorizaciones quieren decir que los contratos se duplicaron, y cuando el material se entregue al país de destino supondrá unos ingresos de 21 millones de euros. Semejante volumen de negocio significa una garantía –al menos en teoría- de trabajo para más de 40.000 personas que viven en España de la industria de las armas.

Las 400 bombas de precisión que el gobierno español va a enviar a Arabia Saudí fueron comprometidas con ese país en 2015 por el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, un hombre muy vinculado a la industria. Sin embargo, no se trata de bombas fabricadas en España: son norteamericanas, de la empresa especializada en misiles Raytheon, y están guardadas en un almacén en Aragón como excedente o sobrante del arsenal del Ejército del Aire; es decir, se trata de una especie de reventa, por valor de nueve millones de euros, que por cierto ya están pagados.

Temor a la reacción de Arabia Saudí

El problema que se planteó el gobierno español con el caso de las bombas no era el hecho de incumplir un contrato con la industria de armamentos –porque no era el caso- sino lo que podría pasar después si no se enviaban. El contrato más importante que tiene España con Arabia Saudí es el de la construcción de cinco barcos, cinco corbetas, por valor de 1.800 millones de euros. El fabricante es la empresa pública Navantia, que se encuentra en Cádiz. De la industria naval española, que en otro tiempo tuvo su importancia, queda muy poca cosa, y Navantia se dedica casi exclusivamente a la producción de material militar.

Cádiz ha sido durante años la provincia española más afectada por el desempleo, con casi un 34% de paro en 2017, y Navantia da trabajo a casi 6.000 personas, lo que viene a representar casi 6.000 familias. Las cinco corbetas suponen empleo asegurado para cinco años, y el montaje de los motores para estos barcos (se trata de motores alemanes) dará trabajo durante dos años en la factoría de Navantia en Cartagena, que sin este encargo estaría casi parada.

Cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, se planteó cancelar el contrato de las 400 bombas por motivos éticos y morales, los trabajadores de Navantia protestaron y prepararon movilizaciones pensando que eso tendría graves consecuencias para ellos. El gobierno dio marcha atrás y el presidente Pedro Sánchez autorizó el envío de las bombas porque lo más importante, dijo, era “garantizar los puestos de trabajo en la bahía de Cádiz”.

Pero, ¿qué tienen que ver unas bombas que no están fabricadas en España con los puestos de trabajo de Navantia? Pues bastante, o al menos así lo creían tanto los trabajadores como el gobierno. Arabia Saudí es uno de los mayores importadores de armas del mundo, tiene dinero de sobra y muchos proveedores entre los que elegir (las importaciones desde España son solo un 5% del total). El peligro en este caso para la industria española era que cancelara o redujera el contrato de los barcos.

De hecho, Arabia Saudí, que no acepta críticas de ninguna clase a sus políticas, tenía que recibir 928 vehículos blindados de Canadá y decidió reducir el contrato a 742 como castigo. El gobierno canadiense había denunciado la detención de defensores de los derechos humanos en agosto y la propia ministra de Exteriores había pedido su liberación.

Así que el gobierno español ha optado por poner la venda antes de la herida, como se suele decir: cerrar los ojos ante cualquier cosa que se pueda hacer con las bombas inteligentes en Yemen con tal de que Arabia Saudí no perjudique el contrato de los barcos, o enturbie las relaciones comerciales en general.

Los barcos y el bloqueo marítimo

Para muchos, se trata de un dilema gravísimo. Al alcalde de Cádiz, José María González, más conocido como Kichi, ya le llovieron las críticas hace tiempo porque su propio partido, Podemos, está en contra de los contratos de venta de armas a Arabia Saudí. Él también está en contra, pero dice que su obligación es permanecer al lado de los trabajadores de Navantia mientras no haya mejores opciones de empleo en Cádiz y que le gustaría que el gobierno apostara por otra clase de industria en la ciudad, como la de las energías renovables, en lugar de la de los barcos de guerra.

Aparentemente, las corbetas que España venda a Arabia Saudí no tendrían mucho que ver con las bombas que matan a la población civil en Yemen, pero en el fondo es así. Porque además de los bombardeos aéreos, Arabia Saudí y su coalición de países aliados (los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Marruecos, Kuwait, Bahrein, e indirectamente Gran Bretaña y Estados Unido) llevan a cabo un bloqueo marítimo total que afecta a la llegada de ayuda humanitaria. Ese bloqueo, que puede provocar que cinco millones de niños yemeníes mueran de hambre, se lleva a cabo con barcos de guerra… como los de Navantia.

Si tenemos en cuenta todo esto, el argumento que utilizó el ministro español sobre la inteligencia de las bombas suena todavía más absurdo. Las armas no piensan, tampoco los barcos, y lo que hagan depende de cómo se quieran utilizar. Es muy posible, por cierto, que bombas norteamericanas de este mismo tipo fueran las que mataron a 132 personas que asistían a un funeral en Yemen en octubre de 2016. Dicho de otra manera: la cuestión es qué se quiere bombardear y no qué se utiliza para hacerlo.

Bombas contra hospitales en Yemen

Desde marzo de 2015 la coalición internacional que encabeza Arabia Saudí ha bombardeado en Yemen ciudades enteras, hospitales asistidos por Médicos Sin Fronteras, escuelas, mezquitas, mercados, factorías y almacenes de alimentos, una planta embotelladora de agua, puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, autobuses, la ciudad vieja de la capital, Sana -que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco- y las celebraciones de al menos dos bodas… Todos estos objetivos constituyen, según el derecho humanitario internacional, crímenes de guerra.

Esta campaña de bombardeos aéreos –cerca de 200.000- ha sido tan escandalosa que Estados Unidos llegó a retirar la mayoría de sus asesores militares durante el mandato de Barack Obama y a suspender temporalmente el envío de armas (hasta que el nuevo presidente, Donald Trump, volvió a ponerlo en marcha). En Gran Bretaña, la venta y la participación de aviones de combate de fabricación británica en la guerra de Yemen también ha sido motivo de escándalo.

La guerra de Yemen es muy compleja, las partes contendientes –la coalición saudí por un lado y los rebeldes hutíes por otro- no permiten el acceso a los periodistas internacionales y por lo tanto es prácticamente desconocida. Y lo sería todavía más si no fuera porque Naciones Unidas informa regularmente sobre la gravísima situación humanitaria.

El negocio de la venta de armas

Pero los gobiernos, como el español, y las instituciones internacionales sí saben muy bien lo que está ocurriendo. A principios de 2016, el Parlamento Europeo votó a favor de imponer un embargo de armas a Arabia Saudí, es decir, de prohibir su venta. Esta iniciativa quedaba justificada en la Posición Común europea sobre exportaciones de armas, decidida en 2008. Pero como la resolución de los eurodiputados no era vinculante, es decir, no era de obligado cumplimiento, cada país miembro de la Unión Europea puede decidir según su criterio y sus propias leyes. Naturalmente –y es el caso de España- esas leyes dicen que no se puede exportar armas que sirvan para atacar a un tercer país ni para agravar un conflicto ya existente, etc., etc.

En realidad, poco o nada de todo esto se cumple. Suecia y Alemania lo intentaron, pero la respuesta de Arabia Saudí a nivel político fue tan furibunda que puso en peligro las relaciones comerciales en general y las grandes empresas –no de armamentos- que comercian con los saudíes obligaron a los gobiernos a rectificar.

Los mayores fabricantes de armas de la Unión Europea –Francia, Gran Bretaña, España, Italia y Alemania- han hecho grandes negocios en los últimos años, a partir de 2008, con las guerras de Oriente Medio y África. Se trata de decenas de miles de millones de euros, por un lado, y de miles de puestos de trabajo, por el otro: más de 40.000 en el caso de España. Pero al final, si la guerra es un negocio para muchos, resulta que este comercio de la muerte acaba estando ligado a otros de carácter civil totalmente respetables, que también representan empleo.

Las armas matan y posiblemente a la mayoría de las personas que trabajan en esta industria no les gusta fabricarlas, posiblemente preferirían tener otro empleo. El dilema está servido, y resolverlo no corresponde, esta vez, solo a los gobernantes sino a la sociedad en general. Pero no hay duda de que cuantas más alternativas económicas existan, más opciones habrá de dejar de fabricar y vender armas.

 

foto/ Felton Davis

 

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