Política e historia

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La Constitución, la ley que ha regido 40 años de democracia

Con la Constitución de 1978 se sellaba la Transición de España de una dictadura franquista a un estado democrático similar al de nuestros vecinos europeos. Cuarenta años después, crece el debate sobre si se debe reformar o no la principal ley del país

La Constitución española acaba de cumplir (el 6 de diciembre) cuarenta años desde que entró en vigor en 1978. La Constitución es el conjunto de leyes escritas del ordenamiento jurídico español, y tiene una primacía normativa ante las otras leyes. Esto significa que, en el ámbito legal, no hay nada más importante que la Constitución: representa los cimientos de la casa de España, y da lugar al sistema democrático en el que vivimos.

Con la Constitución de 1978 se sellaba la Transición de España de una dictadura franquista a un estado democrático similar al de nuestros vecinos europeos. En total, fueron 17.872.271 ciudadanas y ciudadanos que se movilizaron en las urnas, lo que representaba un 67.11% del total de electores. La victoria del ‘Sí’ se selló con el apoyo del 88.54% de los participantes, un éxito rotundo.

Después de tantos años de dictadura, la llegada de la democracia era una buena noticia. La Constitución marcaba un punto y aparte en la historia de un país que sufría primero la guerra y después la dictadura desde el golpe de Estado contra la II República en Julio del 1936. Varias generaciones que habían vivido 40 años sin libertad veían, por primera vez, la opción de vivir protegidos con derechos y libertades constitucionales.

La Constitución fue pensada, lógicamente, como fruto de los tiempos convulsos de donde se salía. Pero han pasado cuarenta años. El paso del tiempo afecta a todo, también las leyes. Es por ello que la Constitución, si no quiere quedarse como una antigualla del pasado, debe adaptarse a los tiempos que vivimos.

Decía Thomas Jefferson, uno de los padres de la Constitución americana de 1776, que tanto la Constitución como las leyes deberían expirar regularmente al cabo de 19 años, a no ser que fueran renovadas de manera activa durante la legislatura. La idea detrás de este razonamiento era que tanto la Constitución como las leyes deben representar la voluntad de la gente, pero esta cambia con el tiempo: por lo tanto, las leyes deberían adaptarse también a los cambios de la sociedad.

Si hacemos los números y nos preguntamos cuánta de la gente que vive hoy en día votó el texto central de nuestra democracia (y teniendo en cuenta que para votar debían tener 21 años) vemos que aproximadamente sólo un 30% de la población tuvo la oportunidad de pronunciarse. Es decir, quien pudo votar la Constitución tiene hoy en día, como mínimo, 61 años.

Quizá no hay que leer a Jefferson para llegar a la conclusión de que este hecho significa un agravio comparativo para aquellas personas que nacen ahora, o para las que no tenían edad suficiente para votarla en su momento. La mayoría de los habitantes de España de hoy, y en mayor medida en el futuro, lo harán bajo unas leyes heredadas, redactadas por políticos que vivían unos tiempos muy diferentes a los actuales.

Uno de los cambios que por suerte han llevado a los nuevos tiempos es el movimiento feminista. El patriarcado perdura, y aún ejerce su poder en infinidad de escenas cotidianas. Pero poco a poco la sociedad madura no tanto hacia la igualdad formal (que todavía queda camino) como la igualdad real. Por eso no es comprensible que La Constitución, el texto sagrado para toda democracia, fuera elaborada exclusivamente por hombres. Siete fueron los “Padres” de la Constitución, los encargados de redactarla. El hecho de que nuestra Constitución no conste de ninguna “Madre” es, en sí mismo, una anomalía democrática importante.

Y, por supuesto, esto sería diferente si la Constitución se hubiera demostrado fácilmente reformable con el paso del tiempo. Pero no ha sido así. De hecho, es la Constitución menos reformada de toda la Unión Europea. En estos cuarenta años de historia democrática, la Constitución sólo ha sido modificada en dos ocasiones.

La primera vez que fue reformada fue en 1992 con el objetivo de adecuarse al Tratado de la Unión Europea, y que hizo posible el ingreso en la Unión Europea. La segunda y última modificación se realizó durante agosto del 2011, en plena crisis económica, con el objetivo de limitar constitucionalmente la capacidad del Estado de endeudarse. Esta última modificación enojó a gran parte de la población del país, que se preguntaba porque el Partido Popular y el Partido Socialista, que entonces representaban más del 90% de los votos, preferían pagar a los bancos antes que ayudar a la ciudadanía. Aquel hecho contribuyó, junto con otros, al fin del sistema bipartidista y generó una ola de descontento con las instituciones que dura hasta hoy en día.

Hoy, cuarenta años después, hay muchos motivos para modificar la Constitución. Sea por la necesidad de hacer del Senado una cámara territorial funcional, para introducir la posibilidad de hacer un referéndum de autodeterminación o para modificar la ley electoral. Pero quizás el mejor argumento es para hacerla adecuada a los tiempos que vivimos. Una Constitución viva que nos incluya a todas y todos.

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