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El juicio al Procés pone el Tribunal Supremo en el centro de la política

El juicio contra doce líderes del independentismo marcará la vida social y política en Cataluña. Y condicionará la agenda política en España en los próximos meses. Estas son las claves de un caso histórico

El juicio contra los líderes del ‘Procés’ independentista en Cataluña ya está en marcha. Durante más de tres meses, el Tribunal Supremo será el epicentro del conflicto legal, político y emocional entre el Estado y el movimiento independentista. Pero el juicio tendrá también una dimensión internacional: más de 600 periodistas llegados de cincuenta países están acreditados para cubrir el juicio.

Doce son los procesados: Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila. Exceptuando los tres últimos, que se encuentran en libertad, los otros encausados ​​hace más de un año que están en prisión preventiva.

En el transcurso del juicio comparecerán más de quinientos testigos entre los que destacan el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau.

Analizamos las claves que marcarán el desarrollo del juicio.

 

Un juicio con dimensión política

La decisión de si calificar de “presos políticos” o “políticos presos” a los líderes independentistas procesados ​​ha venido a establecer, tanto a los medios de comunicación como los mensajes políticos, una especie de sesgo ideológico. Hablar de ‘presos políticos’ es interpretado como una ‘complicidad’ con el independentismo, mientras que defender que son ‘políticos presos’ puede ser visto como un posicionamiento que traspasa la simple calificación jurídica del término.

Un Estado de Derecho no puede asumir la existencia de presos políticos, ya que estaría reconociendo, de facto, que la supuesta separación de poderes no existe. Pero la realidad es mucho más compleja. La aplicación de los principios de Montesquieu a las democracias representativas en general, y al diseño institucional del Estado español concretamente, no funcionan sin injerencias políticas. La justicia está politizada, en mayor o menor medida, por el mismo diseño institucional, en el momento que, por ejemplo, los vocales de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son elegidos por los partidos políticos.

La ofensiva legal contra el independentismo, ya antes de comenzar la vista del juicio oral, ha puesto a prueba los fundamentos propios del Estado de Derecho. Dos ejemplos: la dura intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir, el 1 de octubre del 2017, un referéndum sin consecuencias políticas reales; y la aplicación de unas prisiones provisionales consideradas por instituciones internacionales como abusivas.

Podríamos concluir que, si no es un juicio político, sí es un juicio fuertemente politizado. Y, si no son presos políticos, son presos encarcelados por causas políticas.

 

De qué les acusan

El juez que instruyó la causa considera que los acusados ​​tuvieron un papel esencial en un plan ideado desde el año 2012 desde la Generalitat para declarar la independencia de Cataluña a toda costa. Para ello, dicen el fiscal y la acusación, decidieron saltarse la Constitución, leyes estatales e incumplieron decenas de resoluciones del Tribunal Constitucional. Resoluciones que anulaban las iniciativas que aprobaban el Govern de la Generalitat y el Parlament “para avanzar en su plan independentista”.

El juez que instruyó el procedimiento, el fiscal y la acusación popular (a cargo del partido de ultraderecha Vox) mantienen que los acusados ​​cometieron un delito de rebelión. Mientras que el abogado del Estado, que depende del Gobierno, dice que el delito es de sedición. La principal diferencia entre un delito y el otro es el hecho de haberse producido, o no, violencia. Esta será la clave del juicio.

Las defensas dicen que en ningún caso hubo violencia. Comparten el objetivo, pero cada abogado tiene su propia estrategia. Todos quieren que sus clientes sean absueltos o se salven, al menos, de largas penas de prisión (ver gráfico)

Hay quienes plantean un “juicio político” -que dan por perdido- y lo fían todo a la justicia europea. Y hay, por el contrario, los que se ven capaces de ganar la batalla jurídica y demostrar que no hubo ni rebelión, ni sedición, ni malversación. Este último delito (gastar dinero público de forma ilegal) es el único que ha sido considerado por los tribunales europeos que se han pronunciado sobre la solicitud de extradición de los líderes acusados ​​que decidieron irse al extranjero.

 

¿Rebelión?

Los delitos de rebelión y sedición se diferencian principalmente en cuanto al supuesto de la violencia y las penas: mientras que la rebelión puede conllevar penas de hasta 30 años de prisión, la pena máxima por sedición es de 15 años.

El Código Penal regula el delito de re rebelión, en el marco de los delitos contra la Constitución española. En la primera línea del redactado, explicita que sólo son “reos del delito de rebelión los que se alzaran violentamente y públicamente” en diferentes supuestos, entre los que figura “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

El supuesto de violencia que exige este delito es el que ha sembrado la indignación entre las filas soberanistas, que insisten en que las movilizaciones siempre fueron pacíficas y en ningún caso se ejerció la fuerza.

A su vez, el texto tipifica la sedición de delitos contra el orden público. El Código Penal apunta que “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y de manera tumultuaria para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, en el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.

Así, los acusados ​​de sedición se enfrentarían a una pena de ocho a diez años, mientras que en el caso de que sean autoridades públicas (como es el caso d ellos miembros del Govern) la pena sería de entre diez y quince años. En ambos casos se impondría la inhabilitación absoluta para el mismo periodo.

 

 

El precedente de la euro orden

La orden de detención europea o euro orden es un procedimiento judicial transfronterizo que sirve para agilizar los trámites de extradición entre países de la Unión Europea. Cuando España activó la orden de detención europea contra los líderes independentistas procesados ​​que decidieron marchar al extranjero, empezaría un laberinto judicial que tendría repercusiones diplomáticas con Bélgica y Alemania.

A diferencia de los doce políticos y activistas que se sientan en el banquillo de los acusados, un total de siete políticos vinculados a los hechos del Procés están en el extranjero. El ex Carles Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Borràs, se fueron a Bruselas; Marta Rovira y Anna Gabriel en Suiza, y Clara Ponsatí volvió a Escocia, donde imparte clases en la Universidad de Saint Andrews.

Puigdemont fue detenido el 26 de marzo de 2018 en el norte de Alemania por la policía del Estado federal de Schleswig Holstein. Pero el juez responsable de estudiar el caso para tramitar el euro orden consideró que: “hay razones suficientes para creer que los actos concretos (…) constituyen actos delictivos, pero de otro orden, en concreto delitos de lesiones, de resistencia a la autoridad o perturbación del orden público. Sin embargo (…) la sala no aprecia que estas acciones individuales fueran capaces de poner seriamente en peligro el orden constitucional del estado español”.

Por consiguiente, el tribunal alemán decidió tramitar la orden de extradición, pero únicamente bajo el precepto de delito de malversación de fondos. Un mes y medio después, la justicia belga rechazaba extraditar Toni Comín, Meritxell Borràs y Lluís Puig por un defecto formal en la tramitación del euro orden. La justicia española, en un gesto sin precedentes en la jurisprudencia europea, decidió retirar el euro orden al considerar insuficiente la causa de malversación.

La renuncia de las justicia española creó un contencioso diplomático con Alemania y Bélgica y puso en vereda el funcionamiento del mecanismo europeo de extradición.

 

El impacto político

El proceso independentista ha acondicionado completamente la agenda de los partidos políticos tanto de ámbito autonómico como estatal. La decisión de Mariano Rajoy de aplicar el artículo 155 puso el PSOE contra las cuerdas, forzándolo a alinearse con el llamado “bloque constitucionalista” liderado por PP y Ciudadanos. Si bien la decisión pudo ser comprendida en mayor o menor medida en el resto del Estado, en Cataluña hirió la sensibilidad de muchos votante socialistas, cuya identidad remite a las ideas de pluralismo nacional y federalismo territorial del catalanismo político de Pasqual Maragall.

Por otra parte, el proceso judicial contra el independentismo cohesiona el bloque independentista: la CUP, ERC, y la herencia de CiU, fuera en su forma PDeCAT o Juntos el Sí. La CUP ha intentado siempre mantener una identidad propia, pero no ha podido escaparse de la fuerza gravitacional que genera el bloque independentista. Hoy día, la CUP sigue sosteniendo el Govern de la Generalitat.

La internacionalización del conflicto ha figurado siempre en las mentes de los líderes independentistas, que veían en Europa un posible aliado de sus intereses. La estrategia que se estudiaba antes de la declaración de independencia del 27 de octubre del 2017 era que la comunidad internacional se pronunciaría, no ya aceptando Cataluña como Estado, sino interviniendo para forzar un referéndum de autodeterminación vinculante.

La estrategia independentista minusvaloró la fuerza diplomática del Estado y confundió la geopolítica con la buena voluntad. Internacionalmente, la batalla sobre el relato de independencia tuvo su momento culminante el 1-O, durante la celebración del Referéndum en Cataluña. Ese día se proyectaron al mundo la imagen de la fuerza policial aplicada contra una población pacífica, pasiva, y claramente heterogénea. El juicio contra los líderes independentistas pondrá de nuevo a España bajo los focos de la atención internacional.

¡Comprueba tus conocimientos!

¿Cuál es la principal diferencia entre los delitos de rebelión y de sedición?

¿Cuál es el delito por el que un tribunal alemán concedía la extradición del ex presidente Carles Puigdemont

¿Qué partido político ejerce la acusación popular contra los líderes independentistas?

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