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Si la vivienda es un derecho, por qué no se cumple?

La Constitución reconoce el derecho a la vivienda y obliga a los poderes públicos a garantizarlo. Una casa es una necesidad básica para poder vivir con dignidad, pero ha quedado solo en manos del mercado privado y los precios no paran de subir

Subidas desorbitadas del precio del alquiler, familias que son desahuciadas de su casa porque no la pueden pagar, personas que no pueden hacer frente a las facturas de la luz, el agua o el gas… De situaciones como estas, oímos hablar de forma recurrente en los medios de comunicación o en nuestro entorno más cercano y todas ellas suponen un incumplimiento del derecho a la vivienda digna. ¿Pero si las personas tenemos este derecho, por qué se incumple tan a menudo?

De entrada aclaramos qué significa garantizar el derecho a la vivienda. No consiste simplemente en garantizar un techo bajo el que dormir, es mucho más que eso. Supone que la vivienda cuente con los suministros necesarios para poder vivir dignamente (agua, luz, gas …), para que podamos hacer cosas tan necesarias y cotidianas como ducharse, cocinar, encender la luz de casa, poner la estufa para no pasar frío o un ventilador para no pasar calor … y conlleva también que tengamos el espacio suficiente para el número de personas que vivimos en casa, porque cada una de nosotros tengamos unas mínimas condiciones de comodidad e intimidad.

Además, según organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU), para que una vivienda sea digno debe situarse también en un entorno adecuado, es decir, estar en un barrio dotado de los servicios mínimos (por ejemplo contar con alcantarillado, servicio de limpieza …) y con equipamientos como centros sanitarios, escuelas, bibliotecas … para que las personas que vivimos no tengamos que hacer distancias muy largas para poder llegar.

A una vivienda digna que reúna todas estas características, se debe poder acceder con unos costes que sean soportables según los ingresos de las familias. ¿Qué significa soportable? Según Naciones Unidas, esto significa que la vivienda no cueste más de una tercera parte de los ingresos mensuales de cada hogar. Por ejemplo, si una familia tiene unos ingresos mensuales de 2.400 euros, deberían destinar un máximo de 800 euros a la vivienda.

Finalmente, una última condición para que una familia vea garantizado su derecho a una vivienda digna es que tenga la seguridad de poder seguir viviendo en su casa con una cierta continuidad en el tiempo. Es decir, que no viva bajo la amenaza permanente de ser desahuciada al no poder hacer frente a los costos de la vivienda, por no tener suficientes ingresos. En estos casos, las administraciones públicas tienen la obligación de buscar soluciones para garantizar el derecho a la vivienda de estas familias.

A diferentes niveles (internacional, europeo, estatal, catalán ….) existen múltiples normativas que protegen el derecho a la vivienda digna. Una de las normativas más importantes en el ámbito internacional es el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), donde se considera que garantizar el derecho a la vivienda es una de las condiciones fundamentales para que las personas podamos tener una vida digna, junto con otras necesidades básicas como la alimentación, la ropa … Este es un pacto suscrito por el Estado español en 1977, hace más de 40 años.

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¿Qué significa garantizar el derecho a la vivienda?

Las Naciones Unidas consideran que la vivienda no debería costar más de una determinada parte de los ingresos mensuales de cada hogar. ¿Cuál es esta parte?

Cuando en 2008 comenzó una fuerte ola de desahucios surgieron movimientos sociales para defender el derecho a la vivienda. ¿Cuál fue el más importante?

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