Ciencia y tecnología

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La inmortalidad del yo digital

¿Quién no ha buscado su nombre y apellido en la red? ¿Quién no se ha sorprendido de la cantidad de información que aparece sobre nosotros? ¿Cuántas fotos y datos personales se pueden obtener sólo haciendo una sencilla búsqueda? ¿Cuánto tiempo permanece esta información en Internet? ¿Qué pasa con nuestra huella digital cuando morimos? Estas y otras preguntas surgen a medida que el uso de las nuevas tecnologías conquista nuestro día a día.

Sin duda, su irrupción en nuestra sociedad está cambiando de arriba abajo las relaciones humanas y la gestión de estos vínculos. Debido a la celeridad de las innovaciones, la legislación a menudo tiene que adaptarse a la nueva realidad, reconociendo figuras que hasta el momento no existían. Es el caso del heredero digital, es decir, la persona que se haría cargo de nuestra presencia en Internet en caso de muerte o incapacidad. Hasta ahora todo esto se gestionaba a través de los testamentos pero hoy en día la desaparición física de la persona no implica la desaparición digital. Por este motivo, este mes de junio el Parlament de Catalunya ha aprobado con el voto favorable de todos los grupos la ley de voluntades digitales. Se trata de incluir en el testamento la persona que se encargaría de gestionar la huella digital según la voluntad del difunto.

Las atribuciones que recoge la Ley para el heredero digital son las mismas que existen para un heredero ‘tradicional’. En el caso digital, sin embargo, se prevén cinco ámbitos de actuación: las comunicaciones electrónicas, las cuentas en las redes sociales, el almacén de archivos en la nube o los servicios y dominios del muerto.

Obligación de proteger a los menores

La ley de voluntades digitales establece que los padres tienen la obligación de proteger a los menores de un uso inapropiado de Internet. Para ello se contempla la posibilidad de restringir o prohibir el uso de Internet si implica un riesgo para el joven.

La nueva norma no sólo tiene en cuenta la protección de los menores. Además, la ley admite que éstos pueden no haber hecho un testamento porque no tienen un patrimonio físico pero, en cambio, sí tienen uno digital ya sea por ser usuarios activos en las redes o por tener archivos en la nube . Por patrimonio digital se entiende la presencia que se pueda tener en cualquiera de las cinco áreas que recoge la ley. Para gestionar este patrimonio digital, el Gobierno catalán ha creado un registro de voluntades digitales. Cualquiera que tenga la firma digital puede designar su heredero telemáticamente desde cualquier ordenador.

Gestión ajena o cierre definitivo

Algunas redes sociales ya preveían el escenario de que el usuario muriera. Por ejemplo Facebook da la opción a los propietarios de la cuenta de designar lo que llaman ‘contacto de legado’. Se trata de un amigo que en caso de desaparición gestionaría la cuenta. Una vez Facebook es informado de la muerte de un usuario, su página se convertiría en una especie de memorial y el contacto de legado recibiría una notificación. A pesar de poder gestionar una cuenta ajena tiene unas atribuciones limitadas. Podría escribir un mensaje pero nunca hacerse pasar por el usuario difunto. También se le habilita para cambiar la foto de portada, la de perfil y aceptar solicitudes de amistad.

La funcionalidad del contacto de legado se puede habilitar desde la opción de preferencias indicando el contacto elegido.

Aparte del contacto de legado, Facebook también da la opción del cierre definitivo de la página del difunto.

Derecho al olvido

Cuando hacemos uso de las nuevas tecnologías utilizamos el término ‘navegar por Internet’, justamente porque la infinidad de links que aparecen en las informaciones nos lleva a visitar diferentes páginas que, por otra parte, puede que no habríamos conocido. Estas posibilidades, sin embargo, también tienen su cara oscura. ¿Cómo controlar la información que recoge la red? ¿Cómo borrar contenidos? Precisamente por la dificultad de hacer desaparecer nuestra huella digital se enarbola el derecho al olvido. Este está relacionado con la protección de datos personales, el derecho al honor, la intimidad y la imagen pero también puede chocar con el derecho a la información y la expresión.

Uno de los gigantes de la red, el buscador Google, tuvo que enfrentarse a la petición de usuarios que exigían que su nombre no apareciera en Internet. El caso llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que finalmente reconoció el derecho a la intimidad de los usuarios siempre y cuando los hechos con los que se les relacionaba no fueran relevantes. Fruto de esta sentencia, Google facilita a los usuarios un formulario para pedir la retirada de los datos que hayan quedado obsoletos para que no aparezcan en las búsquedas. Los solicitantes deben demostrar su identidad y aportar enlaces a la información que quieren que desaparezca. Del mismo modo, Google verifica que no existe un interés general para mantener la información en sus archivos. Este podría ser el caso de información vinculada con escándalos o casos de corrupción, por ejemplo.

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