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Durante años nos explicaron que el problema éramos nosotros. Si pasábamos demasiado tiempo mirando el teléfono, debíamos aprender a desconectarnos. Si nuestros hijos utilizaban Instagram durante cinco horas, debíamos establecer límites. Si un adolescente se despertaba de madrugada para comprobar sus notificaciones, sus padres debían quitarle el móvil. Las plataformas, mientras tanto, podían seguir haciendo su trabajo: medir, probar, recomendar, notificar, aprender y, por supuesto, facturar.
El 25 de agosto del 2026 ocurrió algo que debería obligarnos a revisar esa distribución de responsabilidades.
Adam Mosseri, responsable de Instagram, compareció ante un tribunal federal de California en el juicio promovido contra Meta por 29 estados norteamericanos. La acusación sostiene, entre otras cosas, que la compañía diseñó deliberadamente Facebook e Instagram para generar un uso compulsivo entre los menores y que engañó a los consumidores sobre la seguridad de sus productos.
Durante el interrogatorio apareció un dato revelador. En 2021 Instagram lanzó Take a Break, una herramienta que permitía a los adolescentes recibir avisos para dejar de utilizar temporalmente la aplicación. Meta anunció entonces que más del 90% de los jóvenes que activaban la función decidían mantenerla. Lo que no contó fue que apenas el 1,8% la había activado.
Mosseri reconoció ahora que la utilización había sido muy baja. Instagram intentó convencer a los adolescentes de que activaran voluntariamente la herramienta, no funcionó como esperaba y, finalmente, años después, decidió activarla por defecto en las cuentas adolescentes. Preguntado por la limitada eficacia de las medidas desarrolladas por Instagram para reducir el uso excesivo, Mosseri dejó una frase magnífica para uno de los dirigentes que domina lo que más de 4 mil millones de usuarios lee en sus pantallas: “No existen soluciones mágicas para problemas como este”.
Un día después de su declaración, Meta llegó a un acuerdo con casi todos los estados norteamericanos y puso fin al juicio antes de que Mark Zuckerberg tuviera que declarar. Pagará hasta 18.000 millones de dólares durante la próxima década y, más importante para esta discusión, cambiará las condiciones de acceso de los menores a Facebook e Instagram en Estados Unidos. Tendrán un límite predeterminado de dos horas diarias, no podrán utilizar las aplicaciones entre medianoche y las seis de la mañana sin autorización parental, se restringirán las notificaciones durante el horario escolar, desaparecerán por defecto algunas métricas de aprobación social y se reforzarán los controles de edad.
Meta no admite haber actuado mal. Pero acepta modificar aquello que durante años nos dijo que podíamos controlar nosotros.
Esa contradicción importa.
Parece increíble, pero entre las reacciones sobre este paso atrás histórico que marca un punto de inflexión para quienes aún dudan sobre si las redes sociales son una escoria para la sociedad (un reconocimiento propio de las plataformas incluido, que por fin le han visto las orejas al lobo), llama la atención el continuo reclamo de sus defensores que todavía argumentan que no toda la responsabilidad recae en la tecnología, sino sobre todo en los padres; además de quienes todavía afirman, como el constitucional francés, de que no se puede negar el acceso a estas vertedoras de basura a los menores de 18 años porque puede atentarse contra su libertad de expresión o incluso contra la construcción de su identidad.
¿Dónde están los padres?
Cada vez que hablamos del uso de las redes sociales entre menores aparece inevitablemente la misma pregunta: ¿dónde están los padres?
Están donde han estado siempre: intentando educar a sus hijos con los recursos que tienen. Porque, por supuesto, los padres somos responsables de enseñarles a comer, dormir, cruzar una calle, tratar a los demás y distinguir, poco a poco, aquello que puede hacerles daño. También somos responsables de educarlos digitalmente.
Pero nadie sostiene que, como los padres deben enseñar a sus hijos a cruzar una calle, podamos eliminar los semáforos. Ni retiramos los límites de velocidad delante de los colegios porque la seguridad de los niños sea, en última instancia, responsabilidad de sus familias. Tampoco hablamos de que en el instituto pueda ser legal vender bebidas alcohólicas o tabaco, ¿verdad?
Con las redes sociales hemos aceptado una excepción sorprendente: hemos puesto a millones de padres a competir individualmente contra sistemas diseñados profesionalmente para captar la atención de sus hijos y después les hemos preguntado por qué pierden.
Un padre puede retirar un teléfono, imponer un horario o hablar con su hijo. Lo que no puede hacer es modificar el algoritmo de Instagram, eliminar el scroll infinito, decidir qué vídeo aparecerá después del vídeo ni conocer los millones de señales que la plataforma ha acumulado sobre el comportamiento del menor. Tampoco puede saber qué modificación del producto está probando Meta esta semana para conseguir que sus usuarios permanezcan unos minutos más.
Meta sí puede hacerlo. Ese es su trabajo.
La responsabilidad, por tanto, no puede distribuirse como si todos los actores tuvieran la misma capacidad de intervenir. Los padres tienen una responsabilidad educativa; las plataformas, una responsabilidad de diseño; y el Estado tiene la responsabilidad de impedir que la segunda sea trasladada sistemáticamente a los primeros.
Instagram no es un derecho
El segundo argumento es más sofisticado. Limitar el acceso de los menores a las redes sociales, se nos dice, amenaza su libertad de expresión y dificulta especialmente que aquellos que se sienten diferentes encuentren comunidades en las que relacionarse, reconocerse y construir su identidad.
Hay algo cierto en ese argumento. Internet (no las redes sociales) ha abierto espacios extraordinarios de conocimiento, socialización y pertenencia para jóvenes que quizá no los encuentran en su entorno inmediato. Defender una regulación de las redes no exige negarlo.
Lo que no es entendible es el salto lógico que viene después.
Un adolescente tiene derecho a expresarse, a relacionarse, a descubrir ideas diferentes de las de sus padres, a explorar quién es e incluso a decir cosas que los adultos preferiríamos que no dijera. Pero de ninguno de esos derechos se deriva el derecho a tener Instagram.
Instagram no es la libertad de expresión. TikTok no es la identidad. Son empresas privadas que han conseguido confundir extraordinariamente bien sus productos con las necesidades humanas que explotan. Necesitamos comunicarnos y ellas venden comunicación; necesitamos reconocimiento y ellas lo cuantifican; necesitamos pertenecer y ellas contabilizan seguidores; necesitamos descubrir y ellas seleccionan aquello que descubriremos.
Y cuando hablamos de identidad adolescente aparece una contradicción todavía mayor. Nos preocupa que limitar Instagram impida a un menor construir libremente quién quiere ser, pero prestamos mucha menos atención al papel que Instagram desempeña en esa construcción. El like no solo permite expresarse: también enseña qué expresiones reciben recompensa. El algoritmo no solo permite descubrir identidades: selecciona cuáles mostrará una y otra vez. Y la plataforma no es una plaza pública neutral en la que los adolescentes llegan a encontrarse; es una plaza que cambia mientras caminan por ella, reorganizando permanentemente los escaparates alrededor de aquello que consigue que cada uno permanezca un poco más.
Llamar a eso libertad de expresión es confundir un derecho con un modelo de negocio.
Quizá hemos formulado mal la pregunta
Muchas personas desconfían de las prohibiciones tecnológicas. Siguen haciéndolo. La historia está llena de pánicos morales alrededor de tecnologías que supuestamente iban a destruir a los jóvenes, desde la televisión hasta los videojuegos. Prohibir debe ser siempre una decisión excepcional.
Pero excepcional no significa imposible.
Si sabemos que determinados productos digitales han sido deliberadamente diseñados para maximizar el tiempo de utilización; si utilizan sistemas sofisticadísimos de personalización y recompensa; si Meta reconoce que las herramientas voluntarias de autocontrol apenas funcionaron y ahora acepta límites horarios, bloqueos nocturnos y protecciones activadas por defecto, hay una pregunta que ya no parece reaccionaria:
¿Por qué deben estar los niños en las redes sociales?
No hablamos de internet. Ni de hablar con los amigos, buscar información, escuchar música, jugar, crear vídeos o conversar con la abuela. La referencia recae específicamente sobre plataformas sociales algorítmicas cuyo modelo económico depende de capturar y monetizar la atención.
Quizá hemos invertido durante demasiado tiempo la carga de la prueba. Quienes queremos limitar el acceso debemos demostrar una y otra vez que las redes producen suficiente daño. ¿Por qué? Cuando hablamos de menores y de productos diseñados deliberadamente para modificar su comportamiento, quizá deberían ser las compañías quienes demostraran que sus productos son suficientemente seguros antes de permitirles funcionar.
Es lo hacemos con medicamentos, automóviles, juguetes y alimentos. Y es tiempo de pensar que deberíamos aplicar un principio semejante aquí.
Una década atrás podíamos defender responsabilidades conjuntas: una mejor educación mediática, mayor acompañamiento familiar y regulación de las plataformas. Pero ya no basta.
Una edad mínima real para acceder a las redes sociales, suficientemente alta y efectivamente verificada, ha dejado de parecer una propuesta prohibicionista. Aun sin pensar en una edad mínima, lo que es más evidente es que un niño de once o doce años no necesita demostrar por qué quiere estar en Instagram. Somos los adultos quienes deberíamos explicar por qué hemos considerado normal que esté allí.
Durante veinte años Silicon Valley nos vendió la ficción del usuario soberano. Ellos proporcionaban herramientas; nosotros decidíamos cómo utilizarlas. Si pasábamos demasiado tiempo conectados, debíamos desconectarnos. Si nuestros hijos utilizaban demasiado Instagram, debíamos controlarlos. Si no queríamos entregar nuestros datos, no debíamos aceptar las condiciones. Siempre nuestra decisión y, por tanto, siempre nuestra responsabilidad.
Pero una tecnología que estudia sistemáticamente nuestro comportamiento para modificarlo no puede presentarse al mismo tiempo como un instrumento neutral cuyo uso depende exclusivamente de nosotros. Mucho menos cuando quien está al otro lado es un niño.
Quizá por eso hemos defendido durante demasiado tiempo el derecho equivocado. Nos preocupa que impedir a un menor entrar en Instagram limite su libertad. Debería preocuparnos también que entrar demasiado pronto limite su capacidad para construirla.
Porque la libertad de expresión de un niño merece protección. Su derecho a construir su propia identidad también. Pero precisamente por eso deberíamos garantizarle durante algunos años algo que Zuckerberg nunca incluyó entre sus derechos fundamentales: el derecho a crecer antes de convertirse en usuario.
